Más adelante el Sr. Irving alternativamente plantea las subsecciones 5(1)(h) y 5(3) de la Ley ADJR y dice que no hay pruebas según lo definido por estas leyes que justifiquen que el demandado decidiera rechazar la solicitud de visado del Sr. Irving en base a una mala conducta según se define en la Regulación 2(1). Concretamente, el demandante decía que:

(a) el demandado tenía que decidir si concedía o no un visado al Sr. Irving;

(b) el demandado estaba obligado por ley a decidir en contra del Sr. Irving sólo si se demostraba una cuestión en particular, principalmente que su conducta no era buena; y

(c) no había evidencia o pruebas relevantes según las cuales el demandado podía llegar a tomar esa decisión. Estos puntos incluyen los puntos anteriores utilizados para recurrir la decisión.

El Sr. Bates alegó que incluso en el caso de que se consideraran relevantes los tres puntos: la condena en Alemania, la sentencia del juez Thompson y las conclusiones del juez Mitchell, tenían un peso tan escaso al compararlos con el contexto en el que ocurrieron, que constituyen pruebas insuficientes para justificar la decisión. Para apoyar esto se me dio como referencia las versiones de los hechos del Sr. Irving, establecidas en sus declaraciones, como demostración de circunstancias atenuantes.

Como señaló el juez Drummond en el caso Irving contra el Ministro de Inmigración (1993) 44 FCR 540 en la página 560, la decisión de denegar el visado depende del establecimiento de los hechos, es decir, de que el solicitante no satisfaga el requisito de buena conducta. La cuestión es si había pruebas en el sentido de información admisible según las normas clásicas de una prueba o cualquier otra información relevante, que, lógicamente, demostrara al demandado que la conducta del Sr. Irving no era buena.

En esencia,  el demandante basa su opinión en contra de la decisión del demandado en que el peso que se ha de dar a la condena en Alemania, la sentencia del juez Thompson y a lo que el Sr. Bates describió como "el incidente con el juez Mitchell" era pequeño en tal magnitud que no se deberían haber considerado.

El problema con esta teoría es que en general el peso que se ha de dar a cualquier asunto en particular o combinación de hechos es decisión del demandado: ver Ministerio de Asuntos Aborígenes contra Peko-Wallsend Ltd (1986) 162 CLR 24, pág. 42. He comentado anteriormente la opinión del tribunal.

Dado que era el demandado quien debía decidir qué peso se debía dar a las explicaciones del Sr. Irving, hubo desde mi punto de vista evidencias u otras informaciones con las que el demandado podía concluir claramente que el Sr. Irving no cumplía el criterio de buena conducta. Me refiero a la prueba que constituye la condena del Sr. Irving en Alemania por difamación de los muertos.

Estaba claro para el ministro que debía tener en cuenta ese factor al evaluar la conducta del Sr. Irving, sin importar si esa conducta era constitutiva de delito en Australia. Asimismo estaba la prueba de la sentencia del juez Thompson, según la cual el Sr. Irving le había mentido bajo juramento en la vista del juicio de Inmigración y, finalmente, la sentencia del juez Mitchell según la cual el Sr. Irving había mentido en una declaración presentada ante el Tribunal Supremo de Inglaterra. Desde mi punto de vista, el demandante no ha presentado argumentos válidos para demostrar sus alegaciones.

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