ESTE TRIBUNAL ORDENA QUE: se desestime el recurso. NOTA: se incluye la resolución y registro de la sentencia en la Orden 36 de las Sentencias del Tribunal Federal.

Juez Davies:- estamos ante un recurso a una sentencia de un juez del Tribunal, el juez Carr, en la que Su Señoría desestimó una solicitud de revisión de dos decisiones tomadas el 3 de mayo de 1993 por el demandado, el ministro de Inmigración, Gobierno Local y Asuntos Étnicos ("el ministro"), por las que se rechazaban solicitudes de visado de visitante por negocios (estancia corta), hechas por el demandante,  David John Cawdell Irving, el 7 de de diciembre de 1992 y el 3 de junio de 1993.

En la primera solicitud, el Sr. Irving pidió un visado de clase 672, es decir, un visado de visitante por negocios (estancia corta), especificado en el Anexo 2 de las Regulaciones de Migración de 1989 ("las Regulaciones de 1989") a la Ley de Migración de 1958 (Cth) ("la Ley"). Una persona que solicite un visado de clase 672 tenía que satisfacer, entre otras cosas, ciertos "criterios de interés público", que se precisaban en la regulación 2. El criterio de interés público que estaba en cuestión era la "buena conducta" de la persona.

La Regulación 4(1) de las Regulaciones de 1989 indican en este caso: "4. (1) Para los fines de estas Regulaciones, se considerará que la conducta de una persona no es buena: (a) en el caso de un solicitante de un visado o permiso de entrada de cualquier clase:... (ii) si el solicitante: ... (D) ha sido deportado de otro país, o (E) ha sido expulsado de otro país en las circunstancias prescritas en los fines del subpárrafo 11A(1)(d)(VI) de la Ley,...'

Una de las circunstancias referidas en el subpárrafo (E) es la expuesta en la regulación 177(d), que dice lo siguiente: "(d) que las autoridades de dicho país consideraran que la persona era una amenaza a la seguridad nacional del país".

El ministro tenía la posibilidad, aplicando la regulación 143(a)(ii) de las Leyes de 1989, de ignorar el requisito de buena conducta del solicitante. Esta regulación indicaba que el ministro podía conceder el visado a un solicitante que no hubiera cumplido los criterios de interés público simplemente por habérsele supuesto mala conducta si el ministro podía comprobar "que el solicitante ha demostrado con su conducta subsiguiente que se ha reformado".

Cuando se presentó la segunda solicitud, los estatutos y regulaciones habían cambiado, pero su efecto era similar. El 3 de junio de 1993, la sección 180A de la Ley indicaba lo siguiente:

     "180A (1) El ministro puede rechazar la concesión de un visado o permiso de entrada a una persona, o puede anular
     un visado o permiso de entrada válido concedido a una persona, si:
     (a) la subsección (2) es aplicable con respecto a esa persona; o
     (b) ...
     (2) Esta subsección es aplicable a una persona si el ministro:
     (a) teniendo en cuenta:
            (I) la conducta criminal anterior; o
            (II) la conducta general de la persona;
     puede determinar que la conducta de esa persona no es buena,

"ANEXO 4
CRITERIOS DE INTERÉS PÚBLICO

4001(1) El solicitante cumple los criterios de la subcláusula (2), (3) o (4).

(2) Un solicitante cumple los requisitos de esta subcláusula si, tras una apropiada investigación, el ministro ha decidido que no hay pruebas de nada que pueda justificar la denegación, según la sección 180A de la Ley, del visado o permiso de entrada.

(3) Un solicitante cumple los requisitos de esta subcláusula si, tras una apropiada investigación y consideración de todas las pruebas disponibles sobre cualquier hecho que pueda justificar la denegación, según la sección 180A de la Ley, del visado o permiso de entrada, el ministro ha decidido que las pruebas son insuficientes para permitir al ministro llegar a una conclusión sobre los asuntos referidos en el párrafo (1)(b) y subsección (2) de esa sección.

(4) Un solicitante cumple los requisitos de esta subcláusula si, a pesar de que se haya concluido que la denegación, según la sección 180A de la Ley, del visado o permiso de entrada está justificado, el ministro ha decidido no ejercer el poder que le concede dicha sección y decide rechazar el visado o permiso de entrada".

La "buena conducta" de una persona es principalmente una cuestión de hechos. No es el cometido de este tribunal el expresar su punto de vista sobre tal hecho. Teniendo en cuenta que la persona que tomó la decisión ha planteado el asunto correctamente, ha actuado de acuerdo con los principios de la limpieza del proceso, ha tenido en cuenta todos los factores materiales, ha desestimado factores inmateriales y ha tomado una decisión abierta en la cuestión de la información empleada, es decir, que la decisión no fue una que ninguna persona razonable habría tomado, este tribunal no concederá una orden de revisión. La Ley de Decisiones Administrativas (Revisión de Casos) de 1977 (Cth) asigna al tribunal no la función de revisar decisiones según sus méritos, sino la de corregir esos errores que pueden ser descritos sin demasiado rigor como errores legislativos, es decir, errores que ofenden los principios legales establecidos para la toma de decisiones administrativas.

También se debería observar que el término "buena conducta" no es preciso en sus implicaciones. En cierto sentido se refiere a las cualidades mentales y morales que tiene un individuo. Otro sentido que se le puede dar es el de la reputación o fama de un individuo. Ver Oxford English Dictionary, definiciones 11, 12 y 13; y las definiciones 1, 2, 3, 4 y 5 del The Macquarie Dictionary. Necesariamente, cuando se toma una decisión en Australia según la Ley en relación a personas que están en el extranjero, se tiende a prestar una mayor atención a hechos objetivos y a la reputación o la fama en lugar de realizar un detallado análisis de las cualidades inherentes de la persona. No sugiero que, en este contexto, la "buena conducta" se refiera a la reputación y la fama como tales. No es así. Pero las condenas por delitos o la ausencia de éstas y las referencias sobre el carácter tienden a ser una fuente importante de información de primera mano. Si se encuentra con una condena, la persona que toma la decisión estudiará la naturaleza del delito para determinar si actuó de una forma adversa en el carácter del solicitante. Si la condena tuvo lugar en el pasado, la persona que toma la decisión pondrá su atención en si el solicitante ha demostrado o no que se ha reformado. Si hay personas que hablen bien del solicitante, la persona que toma la decisión lo tendrá en cuenta.

El Sr Irving es un historiador inglés que, durante años, ha postulado puntos de vista controvertidos sobre el Holocausto que algunas personas, en particular los judíos, consideran inquietantes. Sin embargo, el ministro no examinó ni basó sus decisiones en los escritos o discursos del Sr. Irving. Este hecho es incuestionable.

No se presentó ante el distinguido juez, ni ante este Tribunal, ningún documento con las razones de la decisión del ministro. Pero en las pruebas hay extensas recomendaciones escritas presentadas al ministro antes de que tomara una decisión. Los abogados han aceptado que se puede considerar que estas recomendaciones son una guía fiable para conocer los factores que tuvo en cuenta el ministro, y, debido a su aprobación de las recomendaciones sin comentarios, para conocer el proceso de razonamiento del propio ministro.

El caso que el Sr. Irving planteó ante el ministro no era prometedor. No se discutía que el Sr. Irving había sido condenado por un delito en Alemania Occidental y expulsado de allí, que había sido deportado de Canadá por violar las leyes de inmigración canadienses, que había una orden de arresto contra él en Austria y que se le había negado la entrada en Italia y Sudáfrica. La deportación y la denegación de permiso de entrada por sí mismos no arrojan mucha luz sobre las cualidades inherentes de una persona. Pero sería justo decir que rara vez se ha expulsado de un país a una persona de buena conducta, o se le ha negado la entrada a tantos países. La Regulación 2 de las Leyes de 1989 especifican que no se debía considerar buena la conducta de una persona si esa persona había sido deportada de otro país.

Las recomendaciones presentadas antes el ministro se centraban en ciertas circunstancias destacadas. La primera era que el solicitante había sido condenado en Alemania Occidental en 1992 por el delito de "difamación de la memoria de los muertos", tipificado en el artículo 189 del Código Penal de la República Federal de Alemania. Este delito se castiga con hasta dos años de prisión o multa. El solicitante se declaró no culpable, pero el 5 de mayo de 1992 fue condenado por el Tribunal Municipal de Munich a pagar una multa de 10.000 marcos (unos 10.000 dólares australianos). El Sr. Irving recurrió la sentencia ante el Tribunal del Estado en Munich. Este Tribunal desestimó el recurso y aumentó la multa a 30.000 marcos.

La consiguiente orden de expulsión del Sr. Irving de Alemania decía, entre otras cosas:

"Su presencia en la República Federal de Alemania infringe la seguridad pública, el orden público y también considerablemente los intereses de la República Federal de Alemania...

Durante años usted ha venido a la República Federal de Alemania para hacer públicas sus ideas en conferencias...

Estas ideas constituyen un delito de insulto y envilecimiento de la memoria de los muertos.

La ejecución de este delito es habitualmente una infracción de la seguridad pública y el orden. En este caso es de gran importancia, dado que los insultos conciernen a todo un grupo de la población, y debido a que ha sido perpetrado de una forma pública.

...

Su comportamiento constituye un peligro para la seguridad interior de la República Federal de Alemania en todos los sentidos, y al mismo tiempo daña la reputación del Estado Alemán..."

La defensa del Sr. Irving alegó que el delito cometido en Alemania Occidental era irrelevante, ya que no hay ninguna ley en Australia que prohiba la conducta por la que el Sr. Irving fue condenado en Alemania. Se alegó sin excesivo rigor que en Australia la libertad de expresión es un derecho fundamental y que ninguna persona razonable de Australia consideraría que la condena en Alemania tiene algo que ver con la buena conducta. Se dijo que la condena fue provocada por los intentos del Sr. Irving de hablar libremente de un asunto de interés público.

Esta alegación se hace sin entender la función del Tribunal. Era cuestión de la persona que tomó la decisión administrativa el decidir si podía llegar a una conclusión sobre la conducta del Sr. Irving. La condena en Alemania Occidental no era irrelevante y no era de tan poco peso como para que no se tuviera en cuenta. Alemania, al igual que Australia, es un país democrático, y la conducta del Sr. Irving en aquel país era un delito contra sus leyes. El peso que se le debía dar a la condena era asunto suyo, no de este Tribunal.

Otra cuestión a la que el ministro prestó atención fue que en octubre de 1992 el Sr. Irving fue arrestado por las autoridades de Inmigración de Canadá y tuvo que acudir a una vista de Inmigración. Tras negociar, el Sr. irving admitió haber cometido un delito según la sección 27(2)(g) de la Ley de Inmigración canadiense. Se emitió un aviso de salida que le obligaba a abandonar Canadá no más tarde de la medianoche del domingo 1 de noviembre de 1992. El lunes 2 de noviembre de 1992 el Sr. Irving fue de nuevo arrestado. En el consiguiente juicio, presidido por el juez de Inmigración Thompson, el Sr. Irving presentó pruebas según las cuales había tratado de abandonar Canadá el 1 de noviembre de 1992, yendo en coche al lado estadounidense del Puente Arcoiris, que une Canadá con Estados Unidos, pero los funcionarios de Inmigración estadounidenses le enviaron de vuelta obviando el hecho de que tenía un visado válido para entradas múltiples a Estados Unidos. Esta prueba fue rechazada por el Sr. Thompson, que dijo, entre otras cosas:

"Evaluando sus pruebas en su totalidad, usted no ha sido capaz de convencerme de que salió de Canadá el 30 de octubre de 1992. Me resulta difícil aceptar sus pruebas.  No sólo no sonaban a verdad, además, al observarle y escuchar su testimonio, no pude evitar tener la impresión de que a veces usted citaba un guión preparado. He visto que usted es un testigo difícil que se ha enfrentado con frecuencia al funcionario que ha presentado el caso cuando le ha hecho preguntas directas.

Evaluadas como un todo, estas pruebas sólo pueden llevar a una conclusión: el hecho es una total invención y nunca ocurrió..."

La explicación dada por el Sr. Irving sobre lo ocurrido en Canadá fue examinada por el ministro de este país. Sin embargo, una persona que toma una decisión administrativa no tiene por qué aceptar una versión de unos hechos presentada por un solicitante de visado. La persona que toma la decisión dará a la historia del solicitante el peso que considere adecuado en todas las circunstancias. Ver, por ejemplo Singh contra el Ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos (juez Branson, 29 de abril de 1996).

Otro hecho relevante fue que el 11 de febrero de 1994, en el Tribunal Supremo de Inglaterra, el juez Brooke consideró que el Sr. Irving había cometido un desacato a ese tribunal al no cumplir una orden del juez Morison. El juez Brooke condenó al Sr. Irving a tres meses de prisión. Posteriormente, el 21 de febrero de 1994, el juez Mitchell aceptó una solicitud de excarcelación del Sr. Irving. Al dar las razones de su sentencia, el juez Mitchell indicó que no aceptaba las explicaciones del Sr. Irving. Su Señoría dijo, entre otras cosas:

"...me temo que no acepto las explicaciones que aparecen en su declaración, es decir, su explicación de que no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo- esto implica que ni siquiera sabía que la sentencia de Alemania estaba registrada en este país; me temo que no acepto esto".

En mi opinión, la decisión del ministro no fue una decisión que no podría haber tomado alguien razonable.

Debo reiterar que el asunto de la decisión era una cuestión de hecho, cuya determinación es responsabilidad del ministro y sus consejeros por delegación del Parlamento. No es la tarea de este tribunal el dar su propia opinión sobre este hecho. La elaboración de una conclusión por parte de alguien encargado de tomar una decisión en la cuestión de si el solicitante de un visado tiene "buena conducta" requiere el ejercicio de un juicio de valor. No hay parámetros precisos que distingan la "buena conducta" de la "mala conducta". Aunque en general se puede reconocer con claridad la "buena conducta", en casos particulares las opiniones pueden variar. Es misión de la persona que toma la decisión administrativa, por las funciones que le ha asignado el Parlamento, decidir. Una vez que se ha tomado la decisión, no importa el que otra persona pudiera haber tomado una decisión distinta. La decisión permanecerá a no ser que se demuestre que ha habido un error legislativo, es decir, que la decisión era tal que ninguna persona razonable podría haberla tomado. No se ha demostrado dicho error en este caso.

Se alegó después que no se aplicaban las indicaciones de la regulación 143(a)(ii) de las Leyes de 1989, o que habían sido satisfechas, ya que el Sr. Irving nunca había sido culpable y por tanto, no había lugar a que se estudiara su reforma. Considero en cambio probado que se aplicaba esta regulación y que el ministro podía concluir correctamente que el Sr. Irving no se había reformado. Es más, el ministro podía concluir que el Sr. Irving se proponía seguir actuando en el futuro tal y como había hecho en el pasado, ya que consideraba que había actuado correctamente.

Desestimo el recurso.

Certifico que esta página y las 10 que la preceden son una copia auténtica de la sentencia pronunciada por el Honorable Juez Davies.

Fecha: 30 de julio de 1996

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