The Nizkor Project: Remembering the Holocaust (Shoah)

Sentencia y Razones de la Decisión
El Honorable Juez Lee
(Parte 2 de 2)


El efecto de la sección 180A fue el de que a pesar de que un solicitante fuera apto para la concesión del visado según los términos de la subsección 23(2) de la Ley, el Ministro podía rechazar conceder dicho visado si el ministro concluía que se cumplían determinadas condiciones de las subsecciones 180A(1) o (2). Es decir, sin importar el que la conducta de un solicitante no fuera considerada buena según los términos de la regulación 4, el ministro podía concluir que no era buena según la subsección 180A(2).

Según las regulaciones 2.1 y 2.2 y el Anexo 2 (cl 672.333) de las Regulaciones de 1993, uno de los criterios indicados en relación al tipo de visado solicitado por el demandante era que el solicitante "satisfaciera el criterio 4001 de interés público", que aparecía como cl 4001 del Anexo 4 de las regulaciones de la siguiente manera:

"4001(1)  El solicitante ha de cumplir los requisitos de las subcláusulas (2), (3) o (4).

     (2) Un solicitante cumple los requisitos de esta subcláusula si, tras la adecuada investigación, el
     ministro ha decidido que no hay pruebas de nada que pueda justificar la denegación del
     permiso de entrada o visado según la sección 180A de la Ley

     (3) Un solicitante cumple los requisitos de esta subcláusula si, tras la apropiada investigación y
     consideración de todas las evidencias disponibles de cualquier cuestión que pueda justificar la
     denegación del permiso de entrada o visado según la sección 180A de la Ley, el ministro ha
     decidido que las pruebas son insuficientes para que el ministro considere probados cualquiera
     de los puntos referidos en el párrafo (1)(ii)[??] y la subsección (2) de dicha sección.

     (4) Un solicitante cumple los requisitos de esta subcláusula si, a pesar de que se justifique la
     denegación del visado o permiso de entrada según la sección 180A de la Ley, el ministro ha
     decidido no ejercer el poder que le otorga esa sección para denegar el visado o permiso de
     entrada".

El efecto de la regulación 4001, en particular el de la sub-regulación 4001(4), es el de incluir en los criterios prescritos el poder del ministro de aceptar que un solicitante cumple los requisitos de la regulación 4001 sin que ello impida que tras hacer las investigaciones adecuadas, el ministro concluya que se aplican las subsecciones 1 o 2 de la sección 180A al solicitante.

Expresada de esta forma, la regulación no es contraria a los términos de la subsección 24(7) de la Ley, pero impone al ministro la obligación de decidir si ha de ejercer el poder que tiene para permitir a un solicitante cumplir los requisitos de la regulación 4001 antes de que se conceda o rechace el visado solicitado.

A no ser que los términos de la Ley y las regulaciones requieran que se aplique algún otro significado, las palabras "buena conducta" deberían interpretarse según su significado habitual, es decir, una referencia a las cualidades morales de una persona, y no a la buena presencia, fama o reputación de esa persona entre la comunidad. Lo primero es un estudio objetivo apto para demostrarse como un hecho, mientras que lo segundo es un estudio de la subjetiva opinión pública. (Ver: Clearihan contra el Registro de Comerciantes de Vehículos de Motor en el Territorio de la Capital Australiana  (1994) 117 FLR 455, Miles, págs.  459-460; Plato Films Ltd contra Speidel [1961] AC 1090, Radcliffe págs. 1128-1129, Denning pág. 1138). Una persona que ha sido condenada por un crimen grave y que desde entonces es despreciada por la comunidad, puede sin embargo demostrar que se ha reformado y que su conducta es buena (ver: Davis (1947) 75 CLR 409, por Latham, pág. 416; Clearihan, por Miles, pág. 461). Y viceversa, se puede demostrar con un estudio objetivo que una persona de buena reputación tiene mala conducta.

Con respecto a la primera solicitud de visado, el ministro tenía que determinar si le "parecía" que se podía conceder un visado al solicitante. Es decir, ¿"le parecía" al ministro que el solicitante había "satisfecho" el criterio indicado que debía "cumplir", que su conducta era buena? Al determinar lo que le "parecía", el ministro tenía que tener en cuenta la presunción en contra aplicada por la regulación 4 de las Regulaciones de 1989, y cualquier prueba que fuera capaz de refutar esa suposición. (Ver: Secretaría del Departamento de Seguridad Social contra Leahy (1989) 93 ALR 373, pág. 379). Con respecto a la segunda solicitud, el ministro tenía que determinar si le "parecía" que el solicitante "satisfacía" el criterio indicado en la cláusula 4001 según el cual "cumplía" los requisitos de las subcláusulas 4001(2), (3) o (4). El solicitante no "cumplía" ese criterio si, según la subsección 180A(2) de la Ley, el ministro, teniendo en cuenta la conducta delictiva pasada del solicitante o su conducta general, podía "concluir" que la conducta del solicitante "no era buena", a no ser que el ministro decidiera ejercer el poder que le permitía aceptar que el solicitante cumplía los requisitos de la subcláusula 4001(4).

Sin tener en cuenta la amplitud de los elementos que pueden hacer que se rechace una concesión de visado que constituyen los criterios a cumplir, el objetivo de basar las regulaciones en el concepto de buena conducta es importante. El sentido común sugiere que la Ley y las regulaciones no tienen en cuenta infracciones o patrones de conducta que muestren debilidades o imperfecciones en el carácter, sino que tratan de asegurar que el ejercicio de un poder soberano destinado a evitar que alguien que no es ciudadano entre en Australia sólo es invocado cuando la persona tiene una conducta tan mala que es mejor en aras del bien común rechazar su entrada.

Aunque las palabras "buena conducta" pueden dar a entender su significado habitual, los términos de las Regulaciones de 1989 indicaban que se había modificado ese significado. Según las Regulaciones de 1989, la ausencia de buena conducta se supone del hecho de la deportación; la expulsión de otro país por suponer una amenaza a la seguridad nacional de ese país; o la condena por un delito de determinadas características. Según las Regulaciones de 1993, la cuestión de la buena conducta de una persona se determina no como un hecho sino según la "impresión" que tenga el ministro de que el criterio se ha "satisfecho", teniendo en cuenta la conducta delictiva pasada o la conducta general de esa persona, y habiendo declinado ejercer el poder de aceptar  que el solicitante "cumple" los criterios de interés público indicados.

En las Regulaciones de 1989, la conexión entre el requisito de que la conducta de una persona sea buena y la protección de los intereses del público estaba claramente expresada. En las Regulaciones de 1993, dicha conexión es implícita. La defensa del demandante alegó que el significado de "buena conducta", según se usa en las Regulaciones de 1989 y en las de 1993, era un significado que era coherente con el mantenimiento de la seguridad pública y que si la presencia del demandante en Australia no implicaba dicha amenaza, se debía concluir que el demandante había satisfecho la prueba requerida.

La alegación del demandante no tiene base, pero el alcance y fin de las solicitudes de entrada a Australia pueden requerir que se ponga un énfasis distinto en los asuntos que sean relevantes para cada solicitud. Por ejemplo, el requisito de que la conducta del solicitante de un visado de entrada a Australia por negocios sea buena puede requerir tener en cuenta asuntos más amplios que los que se aplicarían a un solicitante de visado de entrada a Australia con fines turísticos.

Sin lugar a dudas, tratándose de un visado del tipo solicitado por el demandante, la ausencia de daño a la comunidad australiana  era relevante en el significado de buena conducta como uno de los requisitos para la concesión de ese visado. La tarea del ministro era tener en cuenta el significado corriente de esas palabras según era modificado por las Regulaciones y el alcance y finalidad del visado que se podía conceder, y aplicar el sentido común al determinar si el solicitante "satisfacía" el criterio indicado de buena conducta.

Era un hecho que el solicitante había sido deportado de Canadá en 1992. Por tanto, con respecto a la primera solicitud, se decidió considerar que la conducta del solicitante no era buena y que por tanto no se le podía conceder el visado a no ser que que fuera capaz de demostrar, a ojos del ministro, que en realidad su conducta era buena. El solicitante no hizo esto basándose en que suponía que la regulación 4 había sido refutada y que se había demostrado su buena conducta.

Por tanto, la cuestión real del recurso con respecto a la primera solicitud es si el ministro, aplicando la regulación 143 de las Regulaciones de 1989, se equivocó al considerar que el solicitante, cuya conducta fue considerada mala por su deportación de Canadá, no había demostrado con su conducta posterior que se había reformado y que su conducta era buena.

En un documento departamental presentado ante el ministro para informarle de los asuntos a considerar al tomar su decisión sobre la solicitud, se sugería que podía "parecerle" al ministro que el solicitante no satisfacía el criterio de buena conducta sin que el ministro tuviera que considerar cualquier conducta posterior del solicitante para que éste demostrara que se había reformado y que su conducta era buena.

Como se ha demostrado en el análisis de las leyes mencionadas anteriormente, aconsejar tal cosa no se ajustaría correctamente a los requisitos de la Ley y las regulaciones. Sin embargo, al tachar la palabra "reformado", parece que el ministro consideró este asunto por separado y que concluyó que el solicitante no había demostrado reformarse con su conducta posterior, ni su buena conducta.

Aunque su Señoría no estaba convencido de que el ministro se veía obligado a considerar la conducta posterior del solicitante según éste mismo la explicaba como prueba de reforma, estudió totalmente el argumento del demandante según el cual el ministro se había equivocado al no concluir que se había reformado.

Su Señoría sentenció, y estoy respetuosamente de acuerdo, que la reforma, y por tanto, la buena conducta, no queda demostrada considerando cualquier conducta posterior relevante para el contexto en el que se consideró que la conducta del solicitante no era buena según la regulación 4. Las Regulaciones de 1989, en la regulación 143, dejaban claro que el ministro tenía que considerar en su totalidad la conducta posterior de un solicitante antes de decidir si le parecía al ministro que su conducta era buena. Había asuntos en la conducta posterior del solicitante que le favorecían, pero no tenían suficiente peso como para que se pudiera decir que el demandante había demostrado que cualquier decisión distinta de considerar que su conducta era buena no era razonable.

Con respecto a la segunda solicitud, como se ha citado, el poder de decisión del ministro estaba descrito de una forma diferente en la Ley y en las Regulaciones de 1993. Los criterios indicados en la regulación 4001 dependían de los términos de la sección 180A. La sección 180A tenía dos partes, principalmente, si el ministro podía concluir que el solicitante era una persona a la que se aplicaba la subsección 180A(2); y, si era así, si en el ejercicio de un poder discrecional, se podía aceptar al solicitante como una persona que cumplía los términos de los criterios.

La conducta delictiva pasada del solicitante se reflejaba en la condena en Alemania en 1992 por el delito de "calumnia unida al desprecio por los muertos", debida a declaraciones del solicitante que reflejaban sus puntos de vista controvertidos sobre hechos que tuvieron lugar en países bajo control alemán antes de y durante la Segunda Guerra Mundial. En ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, se debería asumir que, como se recomendaba en el documento que se presentó ante el ministro, éste no concluyó que la conducta del solicitante no era buena en base a ese punto, y que el ministro se basó en la conducta general del solicitante.

El demandante alegó que ciertas cuestiones a las que el ministro puede haber prestado atención habrían sido irrelevantes para la decisión que tenía que tomar, sobre todo, el si le parecía al ministro que el solicitante cumplía los criterios indicados.

El demandante alegó que el ministro se equivocó al tener en cuenta la orden de expulsión de Alemania emitida contra él en noviembre de 1993, su deportación de Canadá en noviembre de 1992 y la sentencia en contra de él pronunciada en una revisión administrativa de dicha orden de deportación. No se dijo que el ministro no podía tener en cuenta hechos que habían ocurrido después de la fecha en la que se solicitó el visado. El demandante se basó en la conducta posterior a las solicitudes como prueba de su buena conducta.

Aunque los aspectos mencionados de la conducta general del solicitante pueden haber sido de poca ayuda a la hora de determinar si era una persona de buena conducta, no es posible decir que eran consideraciones irrelevantes. Asimismo, la conducta del solicitante que provocó una condena por desacato en el Reino Unido en febrero de 1994 al no presentar a tiempo una declaración requerida en una orden que se considera que le fue enviada por correo, y la condena en 1992 por un delito tipificado en el Código Penal de la República Federal de Alemania eran aspectos de la conducta del solicitante que el ministro tenía que considerar. Por sí solos, cada uno de estos hechos habrían proporcionado pocos datos sobre las cualidades intrínsecas de la conducta del solicitante, pero en conjunto, puede que hicieran que se formara la opinión de que la conducta del solicitante no era buena en el sentido expresado en las Regulaciones de 1993.

Con respecto a la negativa del ministro a ejercer el poder que le concede la sub-regulación 4001(4) de considerar que el solicitante cumple los criterios indicados, el ejercicio de ese poder era libre según los términos de la subcláusula.

El decidir no ejercer ese poder no podría ser revisado a no ser que se pudiera demostrar que la negativa se basó en consideraciones irrelevantes o en un error al no tener en cuenta consideraciones relevantes, o demostrando que era tan poco razonable que ninguna persona razonable podría haber tomado esa decisión. Con respecto a este último punto, habría que demostrar que la decisión ofendía a la razón y el sentido común, no bastaría con demostrar que fue una decisión de duras consecuencias. El demandante no demostró ninguna de estas posibilidades. Con respecto al primer punto, quizás se podría decir que se puede demostrar un error en el proceso de decisión si se tomó considerando que las opiniones del solicitante como historiador eran poco populares o controvertidas. No se alegó que la decisión del ministro estuviera influida por la opinión que tuviera de dicho asunto. Con respecto al segundo punto, se podría encontrar un error si el ministro no tuviera en cuenta el derecho del pueblo australiano como sociedad democrática, según los términos de la Constitución, a la libertad de comunicación en cuestiones públicas y debates políticos (ver: Televisión del Territorio de la Capital de Australia Ltd. contra La Commonwealth (1992) 177 CLR 106), incluido el derecho a comunicarse en dichos asuntos con fuentes externas o visitantes extranjeros. Una vez más, el demandante no demostró nada con respecto a este punto.

Se ha de desestimar el recurso.

Certifico que esta página y las precedentes dieciocho (18) son una copia fidedigna de las Razones de la Decisión de su Señoría el Juez Lee.
Fecha: 30 de julio de 1996

Versión en texto normal de este archivo disponible por ftp.

[ Anterior | Índice[an error occurred while processing this directive]