Juez NICHOLSON:

En una democracia, donde se protege la libertad de expresión (si no es que incluso se reconoce como una ley fundamental), la aplicación de una prueba de "buena conducta" para denegar un visado a una persona que expone puntos de vista controvertidos debe necesariamente plantear la pregunta en la mente del solicitante rechazado,  o en la de otros, de si la prueba se ha aplicado en realidad para negar la oportunidad de exponer esos puntos de vista en el país para el que solicitó el visado. Cuando se puede decir que la decisión de denegar ese visado se basa en la aplicación de dichas pruebas o en la denegación de esos visados en otros lugares, también se plantea la cuestión de si el rechazo en un país provoca un inmerecido efecto en cadena; inmerecido porque el rechazo en otros países puede haberse basado en negar la posibilidad de exponer el punto de vista y no en base a la conducta. Aunque son cuestiones planteadas por las circunstancias del rechazo de la solicitud, no son consideraciones determinantes para la ley, este recurso o la solicitud de revisión en primera instancia.

Las decisiones que llevaron a este recurso y el contexto relevante han sido expuestas en las razones de la decisión del juez Davies, de cuyo borrador he tenido la ventaja de disponer.

Esas razones dejan claro que en un recurso de este tipo, los tribunales, aunque han de examinar con cuidado el contexto legal en el que se tomaron las decisiones administrativas que produjeron la denegación en base a la conducta, tienen un papel limitado. Como dijo el juez Davies y como confirmó el juez Carr, no es función del Tribunal ante el que se presentó en primer lugar este recurso (ni la de este Tribunal) el expresar su propia opinión sobre la "buena conducta" del solicitante o decidir si habría tomado esa decisión si le hubiera correspondido a él hacerlo. Específicamente, la cuestión del peso que se ha de dar a los hechos o conjuntos de hechos que se presenten ante él es asunto de la persona que tomó la decisión.

Asumiendo (como hizo el juez Carr) que el demandado tuvo en cuenta los hechos que se presentaron ante él, había pruebas suficientes para apoyar la decisión que tomó. La condena en Alemania fue provocada por la exposición hecha por el demandante, desafiando a la ley, de puntos de vista altamente controvertidos. Más tarde, se emitió una orden de expulsión de la República Federal de Alemania contra el demandante. Sin embargo, el hecho de la condena podía demostrar, como reconoció el juez Carr, una falta de respeto a la ley y a determinados hechos delicados de tratar que la ley trataba de proteger controlando el ejercicio de la libertad de expresión de cuestiones referidas a éstos, y por tanto era relevante a la hora de determinar la buena conducta del solicitante.

Las otras cuestiones presentadas ante el demandado y estudiadas por el juez Carr no se derivaron de delitos cometidos por el ejercicio de la libertad de expresión. El Juez de Inmigración Thompson sentenció que el solicitante mintió bajo juramento. Se emitó una orden de deportación de Canadá contra él. Se sentenció que había cometido desacato al Tribunal Supremo de Londres y fue condenado a prisión. Más adelante, se sentenció que era una persona que presentó deliberadamente pruebas falsas. El juez Carr no se equivocó al considerar estos hechos y lo acontecido en Alemania como cuestiones relevantes para determinar la buena conducta del demandante o para determinar si se había reformado.

Opino lo mismo que el juez Davies y estoy de acuerdo con las razones de su decisión y su sentencia por la cual se desestima el recurso.

Para llegar a esta conclusión he tenido la ventaja de poder leer el borrador de las razones de la decisión del juez Lee, en las que su Señoría llega a la misma conclusión.

Certifico que esta página y las precedentes dos (2) son una copia fidedigna de las Razones de la Decisión de su Señoría el Juez R D Nicholson.

Fecha: 30 de julio de 1996

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